Hace unas semanas, el gobierno de México envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con el propósito de eliminar 18 organismos descentralizados, unidades administrativas y fideicomisos para trasladar sus funciones a las secretarías de Estado.
Sin embargo, esta medida carece de garantías para garantizar la utilización eficiente de los recursos públicos, la mejora de los procesos administrativos o el aprovechamiento adecuado de los bienes nacionales.
Por el contrario, al fusionar el IMTA y el INECC con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la CONUEE con la Secretaría de Energía (Sener) como unidades administrativas, se da paso a una política de debilitamiento del sector ambiental en nuestro país afectando la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para proteger nuestro derecho humano a un medio ambiente sano.
Las funciones del INECC, el IMTA y la CONUEE no se duplican. Estas instituciones son indispensables en el contexto de la crisis climática, ya que son organismos especializados en investigación que contribuyen a generar indicadores sobre el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y de acceso al agua.
El hecho de buscar satisfacer las necesidades sociales y desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento nacional sin un análisis serio y profundo de la situación de la crisis hídrica y climática pone en riesgo la protección de los ecosistemas y va en contra de los derechos humanos ambientales.
Personalmente, considero que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) es un organismo de investigación fundamental en México. Su labor consiste en generar y consolidar información científica y técnica sobre ecología y cambio climático para respaldar la toma de decisiones.
El INECC fue creado en línea con la Ley General de Cambio Climático y su función es coordinar la investigación científica relacionada con las políticas nacionales sobre bioseguridad, desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, calidad del aire, conservación de ecosistemas y cambio climático. Además, apoya a la Semarnat en el diseño de programas y políticas ambientales, emitiendo recomendaciones sobre acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Por otro lado, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es un organismo público que se dedica a la investigación, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología relacionada con la gestión, conservación y rehabilitación del agua. Entre sus funciones más relevantes se encuentran el diseño de sistemas regulatorios y tarifarios para el agua potable, la certificación de laboratorios de calidad del agua, la medición de recursos hídricos y la sistematización y publicación de información técnica sobre el agua en México. El IMTA desempeña un papel crucial en el cumplimiento de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.
En cuanto a la CONUEE, su papel es fundamental en el contexto de la crisis climática, ya que promueve el uso eficiente y sustentable de la energía a través de políticas y acciones dirigidas a diferentes sectores de la economía y la población.
El INECC, el IMTA y la CONUEE son instituciones esenciales para que México tenga una visión clara y una estrategia efectiva para hacer frente al desafío del cambio climático y cumplir con los derechos humanos presentes y futuros.
Sin embargo, el proyecto de decreto que busca la concentración de las funciones del INECC y el IMTA en la Semarnat y de la CONUEE en la Sener debilita la capacidad del Estado mexicano para abordar la crisis climática e hídrica, ya que no se optimizan los recursos ni las facultades.
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